Una es la de un valedor del hecho de construir, a manera de un defensor del pueblo del espacio construido (Rijksbouwmeester[i] es su nombre). Es una institución independiente y prestigiosa cuya la tarea es justamente la de velar por la calidad de la arquitectura y el entorno construido, bien de época actual o anteriores.

Otra es la Asociación Hendrick de Keyser (Vereniging Hendrick de Keyser) [ii], de carácter privado y colectivo, que es propietaria de un rico capital arquitectónico histórico artístico que gestiona y explota comercialmente para su mantenimiento. Un ejemplo de ello ya comenté en http://www.mjg.es/blog.php?p=17

Ambas instituciones hacen visible cómo los neerlandeses se enfrentan a algunos de los problemas planteados en los debates sobre la Ley de Arquitectura y cómo intentan aglutinar las respuestas a las preguntas tan diversas y complejas (muchas ya se han manifestado en los debates) que no tienen delimitación clara entre lo cultural y lo comercial; lo público y lo privado; lo artístico y lo técnico; lo institucional y lo particular; lo exclusivo y lo divulgativo… y, en fin, otros muchos etcéteras.

¿Podría ser interesantes analizar estas dos instituciones? Pasemos a describirlas someramente:

La primera, el Rijksbouwmeester (maestro de obras o arquitecto jefe gubernamental, podría traducirse) es un asesor, un cargo independiente y de carácter temporal, que formará parte de la Junta de asesores del Gobierno, y que ha de trabajar en estrecha colaboración con los Ministerios de Infraestructura y Medio Ambiente y de Asuntos Económicos. Él y su equipo de diversas disciplinas tienen la iniciativa y organizan  el programa de integración  urbana y arquitectura de acuerdo con las directrices de la legislación estatal y  participan en la definición de la educación y competencia profesionales, en la selección de arquitectos para nuevas actuaciones urbanas y arquitectónicas de los bienes estatales,  en la determinación de los porcentajes de presupuesto habilitado para bienes artísticos, concursos y premios para la arquitectura,  etc.,  todo ello en el marco de equilibrio financiero previsto. Tiene su presupuesto y oficina en el Ministerio de Finanzas. Es nombrado cada cuatro años (aunque en el siglo XIX duraran mucho más tiempo, como Pierre Cuypers, que lo fue casi toda su vida) y el nombramiento suele recaer en arquitectos de prestigio y en ejercicio que, una vez terminado el programa, vuelven a su trabajo habitual.

El Rijksbouwmeester organiza su programa en función de las necesidades y temática del momento; en estos últimos años trató temas candentes como alojamientos para refugiados; el balance entre el actual escenario de exceso de superficies de oficina y necesidad de alojamientos; agua y ecología; energía, movilidad, patrimonio, uso del paisaje, etc.  No es propiamente un funcionario.  En los 200 años de funcionamiento ha habido 33 “arquitectos- gubernamentales” (uno de ellos mujer). El que ostenta el cargo actualmente era hasta ahora presidente del BNA, asociación privada de estudios de arquitectura, algo así como el Colegio de Arquitectos. En definitiva: es el especialista independiente que el estado pone al servicio de la colectividad con el objetivo de mejorar el entorno para todos. Por su carácter independiente y su nombramiento puede tener el riesgo de la personalización, pero lo cierto es que hasta ahora ha dado resultado y la institución tiene prestigio.

La segunda institución comentada, la Asociación Hendrick de Keyser, tiene algo más de cien años y su funcionamiento es el habitual de una asociación, sin cargos remunerados. Su objetivo es la preservación de edificios de importancia arquitectónica o histórica y, esto es muy importante, también de sus interiores. Exige la mayor autenticidad y calidad en los edificios que obtiene, a los que restaura y después pone en alquiler.

Cada año hace nuevas adquisiciones: hasta ahora tiene 432 edificios entre casas, granjas, fincas, patios, ayuntamientos, etc. El catálogo acumula edificios desde el siglo XVI hasta 1960: todos los períodos de arquitectura están representados, y con ejemplares de la mejor calidad. Se financia con las aportaciones de los socios (unos cinco mil, siendo la cuota de 30 euros anuales), la lotería y otros métodos, además de la propia explotación de los inmuebles. ¿Quién no quiere pasar un par de noches en una típica granja holandesa del siglo XVI, o en una casita de verano de Gerrit Rietveld, o celebrar una reunión en un palacio del siglo XVIII perfectamente conservado? Además del mantenimiento y aprecio de los edificios, se fomenta la especialización de toda clase de oficios de restauración, que se ve ampliamente desarrollada.

¿Puede obtenerse de estos organismos alguna lección para nuestra Ley de Arquitectura? ¿Resolverían en nuestras circunstancias algún problema? ¿Son aplicables a nuestro caso? En principio hay una gran dificultad que no es fácilmente soslayable: ambas instituciones son centenarias, lo que implica muchos años de tradición en la resolución colectiva de estos problemas y adaptación continua a los tiempos.  Surgen estas figuras además dentro de una determinada idiosincrasia cuyas circunstancias climáticas, de personalidad y matiz religioso nos diferencian, para bien o para mal, y muy especialmente en la idea de lo colectivo.  Una de estas instituciones es estatal y la otra privada, pero en el escenario de búsqueda de la calidad de la arquitectura ambas son causa y efecto: su fundación muestra un muy antiguo interés por el espacio construido y, a su vez, la existencia de estas instituciones fomenta y alimenta ese interés previo. Conforman una espiral beneficiosa.  La principal consecuencia que puede obtenerse de estas dos figuras es que la participación pública, el interés por el espacio construido y por tanto su calidad depende mucho del concepto de lo colectivo y de la participación del público. Los tiempos, la participación, dedicar tiempo a preparar y a pensar antes de ejecutar, y la cultura arquitectónica no se improvisan, así es que cuanto antes nos pongamos a crearla, mejor.